Unos comentarios sobre el Plan Guipúzcoa G +20
Estos días se ha celebrado el Evento final del proceso Gipuzkoa+20 con el que la Diputación foral de Guipuzcoa ha presentado la reflexión estratégica llevada a cabo en su territorio. Vistos los documentos producidos para esta original presentación, el resultado puede considerarse interesante aunque es necesario profundizar en algunas cuestiones. En el ámbito del conocimiento estratégico la Diputación ha dado pasos significativos en términos de problemas a resolver y de las potencialidades disponibles en el territorio, sin que por ello se pueda estar seguro que el conjunto del proceso puede llegar a buen puerto, por algunas carencias que arrastra, según nuestra manera de ver.Concretamente cabía esperar que se nos presentase unas conclusiones que hubieran pasado el filtro de una evaluacion más rigurosa en la línea de la apasionante ponencia a cargo de un alta responsable de la CEE que versaba sobre “La sostenibilidad y construcción de la sociedad del conocimiento”. En el proceso estratégico guipuzcoano el perfil evaluativo de los trabajos que se realizan debe afirmarse con más contundencia, si se quiere ser más certero en los diagnósticos y más pertinente a la hora de fijar las líneas de actuación. Se diga lo que se diga, sin evaluación, los procesos estratégicos malgastan el aprendizaje acumulado y existe un alto porcentaje de probabilidades de que los errores puedan repetirse.
Hace tres años la oficina de estrategia de la Diputación de Guipúzcoa puso en marcha un proceso estratégico y, contrariadamente a lo que se hace al inicio de los procesos de esas características, no creyó conveniente dotarse del correspondiente dispositivo de evaluación lo que le ha llevado, esperemos que solo sea de momento, a privarse de indicadores de calidad y excelencia sin igual. Nunca me cansaré de repetir que en el tema de la evaluación, aunque pueda aparecer como una especialidad para expertos en sociología o en políticas públicas, subyace una cuestión de carácter netamente político, como es la eficacia y transparencia de las instituciones, en suma, su garantía y naturaleza democrática. La evaluación está por naturaleza al servicio de la administración y de la decisión estratégica y debería ser percibida y utilizada como tal. Cosa que no es fácil hacer comprender a los técnicos que se ocupan de estos negociados inmersos en tareas complejas para las que siempre no disponen de todos los medios que se requiere.
Pese a todo, estos responsables son cada día más conscientes de que estos procesos de evaluación de las políticas y programas, son momentos claves en los que las instituciones se convierten en referencias, donde los conocimientos específicos para la acción pública y su encaje en una estrategia global, son necesarios de manera permanente y desde la claridad. También que la acción pública necesita, de un modo regular, un chequeo completo si quiere ser reconstituida, documentada, ajustada, adaptada. En suma se trata de poner en el mapa del conjunto de programas que se llevan a cabo etc. Sin embargo pasar al acto cuesta, lo estamos viendo, sobremanera. Otro de los factores que ralentizan los procesos evaluativos, es la falsa creencia que se tiene de que sólo al concluir los planes, sus acciones y como conclusión de los mismos, se debe evaluar. Cuando resulta que el momento mas idóneo para hacerlo es en la fase de conceptualizacion del plan, de su definición, de su programación, ayudando así, a la identificación de los problemas y objetivos con indicadores concretos y claros.
Cuando existen recursos escasos, y este momento es precisamente uno de ellos, es indispensable gestionarlos eficientemente, administrarlos de un modo transparente. Por ello quienes financian, administran y ejecutan programas públicos necesitan conocer de forma fiable, los efectos y la rentabilidad de sus acciones. ¿Como se puede discernir con claridad las perspectivas a 10 o 20 años vista, si tenemos dificultad para entender las dinámicas actuales?
Lo que seria decisivo para avanzar hoy con garantías, a mi modo de ver, seria alzar la evaluación de las políticas públicas a rango de eje estratégico diferenciado como tal en el proceso estratégico emprendido y que desde la perspectiva de la modernización de la administración en Guipúzcoa, este nuevo eje se convierta en uno de las prioridades del Plan Estratégico. No en vano la evaluación y la administración electrónica son los dos pilares que harán de la acción pública en los próximos años un espacio más racional, más eficiente y más cercano al ciudadano. Dicho de otro modo, el desarrollo estratégico de un territorio puede estancarse si no es un proceso donde lo social y lo público ocupan un rol central. Y respecto a los esfuerzos de competitividad que se dice nos ayudarán a emerger de la recesión, la administración tiene que enseñar el camino, tiene que ser un modelo a seguir. En ese sentido puede estar existiendo una confusión de referencias si analizamos el cubileteo de nombres de empresas públicas y privadas asociados al proceso con intereses y apuestas de territorio tan distintas, lo que exige mayor clarificación del rol que se asigna a cada cual en un proceso altamente complejo.
Es hora que nuestros políticos empiecen a preocuparse seriamente por la evaluación haciendo de ella una oportunidad que frene el peligroso alejamiento de la ciudadanía de la cosa pública. Fenómeno éste, lo vemos todos los días, del que la observación de ciertos comportamientos anti-administración en algunos puntos de nuestra comunidad, ya nos advierten que vienen cargados de dinámicas disgregadoras en términos sociales y políticos. La Diputación de Guipúzcoa puede chirriar, por momentos, en tanto que modelo a imitar, si no se vuelca con más claridad en un proceso contrastable de modernización interna, para convertirse ella misma, en herramienta eficaz y eficiente, objetivo este a su alcance, que duda cabe. Urge por lo tanto, para que su legítima pretensión a liderar el desarrollo estratégico del territorio, sea más creíble, que con toda naturalidad, se convierta en una asidua consumidora de evaluación con todo lo que eso implica.
José Luís Gómez Llanos,
PTE de la Sociedad Vasca de Evaluación de las Políticas Públicas.
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