Evaluación y Plan Estratégico Guipúzcoa +20
A nadie le extrañará que el escepticismo en los circuitos de expertos especializados en la reflexión estratégica vaya en aumento a causa de la utilización del cuerpo conceptual y metodológico de su profesión por la inmensa mayoría de las instituciones , donde se viene observando que en su recorrido prospectivo se sirven de lo mas amable de ese ámbito del conocimiento y dejan de lado lo que les molesta.
Y en ese sentido parece que todas las administraciones, o casi todas, se han puesto de acuerdo en arrinconar la evaluación de sus planes estratégicos, renunciando de ese modo a contrastar sus objetivos con los resultados obtenidos, y a dar cuenta de la eficacia y de la eficiencia de sus acciones ante la sociedad. Y ello a pesar de que todo el mundo admite que sin evaluación de la acción pública no es posible la realización solvente de un desarrollo estratégico de un territorio. Esa es la regla. La evaluación tiene que dejar de ser un problema y convertirse en una solución.
Esta mirada crítica hacia cómo se plantea la estrategia desde la administración es corroborada al observarse la situación en la que se encuentran esos territorios, pese a todo, en términos económicos y sociales. Lo que demuestra que algo no se está haciendo bien. Sin embargo, el problema radica en establecer con nitidez qué es lo que no se está haciendo bien, y en determinar si se está perdiendo el tiempo con esos procesos estratégicos. Lo que sí está claro es que, a menudo, nos encontramos ante procesos inacabados por carecer desde sus planteamientos iniciales de la vara de medir con la que rendir cuentas, mas allá de gestos de comunicación que también son útiles, a condición, eso sí, de no sustituir o ocultar lo que verdaderamente cuenta, que no es otra cosa que la realidad en donde nos situamos.
La Diputación Foral de Guipúzcoa ha hecho un esfuerzo considerable por dar un sentido a su acción de gobierno racionalizando el conjunto de sus acciones a través de diversos y complejos procesos estratégicos, que se han traducido en resultados de desigual bondad. Sin embargo, lo más llamativo son las carencias evaluativas, si nos atenemos a los informes de actuación sectorial que han sido recogidos con datos de muy distinta índole: diversos indicadores del sector, reflexiones de los distintos actores tanto públicos como privados, estudios de la estructura económica local donde se enmarcan, los retos pendientes del tejido empresarial sobre el que se articula la actividad diagnosticada, etc. ¿Qué falta? Los indicadores de resultados con los que se evaluarán.
En tiempos de crisis no esta de más hacerse determinadas preguntas. Estos datos no han sido tenidos en cuenta, no porque los han olvidado, sino porque no están disponibles, no existen. ¿Quiere decir esto que los diagnósticos establecidos para el planeamiento estratégico en curso quedan invalidados? Para nada. Un plan estratégico de un territorio como el proceso Gipuzkoa +20, como ocurre con cualquier otra realización, tiene también sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y ello se debería tener en cuenta.
La indudable solvencia del equipo consultor técnico así como la metodología participativa empleada pueden estar dando resultados relativamente satisfactorios, pero nunca lo sabremos con precisión, lo cual plantea un problema serio en un proceso reflexivo al que Guipúzcoa ha destinado significativos medios humanos, materiales y financieros con resultados, como acabamos de ver, inciertos.
El Plan Estratégico Gipuzkoa +20 nació para responder a los nuevos retos económicos y sociales del siglo XXI y configurar un territorio que piensa de un modo estratégico. Ello implica la participación de todos los sectores mediante una metodología de trabajo en la que el consenso, el liderazgo compartido, los análisis críticos constructivos y la cooperación de los distintos actores implicados. Por todo ello, no se entendería que la administración foral, a través de los trabajos estratégicos en curso, no fuera crítica y estableciera las debilidades del resto de los actores del territorio en sus diagnósticos obviando considerar las suyas propias, obviando la evaluación real de sus acciones. Del reconocimiento de este handicap dependerá su legitimidad democrática para llevar a cabo planes estratégicos verdaderamente sostenibles, como es su auténtica intención. Pero una política que durante su elaboración y puesta en marcha no contempla cómo se van a medir los resultados con el fin de mejorarlos, no debería ponerse en aplicación hasta subsanar esta grave deficiencia. Otro ejemplo de los inconvenientes que causan la ausencia de evaluaciones. Un destacado responsable técnico de una organización empresarial, manejando un razonamiento más amplio, donde con una mano apelaba al libre juego del mercado y con la otra a una mayor intervención publica (pero esta contradicción es anecdótica para lo que queremos tratar hoy), afirmaba que la inversión pública había sido insuficiente los últimos años en Guipúzcoa, lo que, a su entender, estaba condicionando el desarrollo económico del territorio guipuzcoano. La tesis no es nueva ni los argumentos a los que se recurren para sustentarla tampoco; es decir, nada de lo que se adelanta está documentado, contrastado, cifrado, en suma, evaluado. Como en ocasiones anteriores las administraciones causantes de esa supuesta sequía inversora replicaron con un tono no menos impreciso, general y sin argumentos sólidos, negando la mayor. Este lenguaje de sordos tiende a repetirse, privando, de este modo, a la opinión pública, de los medios de obtener datos fiables y completos para hacerse su propia composición de lugar. En vez de ordenar las ideas para orientar a la opinión pública ¿qué es lo percibe la opinión pública en su lugar? Una carrera frenética a las inversiones cuantiosísimas por todas partes, que hipotecarán las arcas varias legislaturas, sin que su necesidad económica y social haya quedado suficientemente asentada.
Está muy bien que las instituciones públicas “asuman un papel de liderazgo en la identificación de los retos que se perfilan en el largo plazo y movilicen a la sociedad en la dirección adecuada” (Plan Estratégico Gipuzkoa 20) pero siempre y cuando se doten de mecanismos de evaluación de los resultados de sus acciones publicas para que, además de aparentar ser creíbles, también lo sean.
José Luis Gómez Llanos. Sociólogo. Presidente de EVALUAR (Sociedad Vasca de Evaluación de Políticas Públicas.)
Y en ese sentido parece que todas las administraciones, o casi todas, se han puesto de acuerdo en arrinconar la evaluación de sus planes estratégicos, renunciando de ese modo a contrastar sus objetivos con los resultados obtenidos, y a dar cuenta de la eficacia y de la eficiencia de sus acciones ante la sociedad. Y ello a pesar de que todo el mundo admite que sin evaluación de la acción pública no es posible la realización solvente de un desarrollo estratégico de un territorio. Esa es la regla. La evaluación tiene que dejar de ser un problema y convertirse en una solución.
Esta mirada crítica hacia cómo se plantea la estrategia desde la administración es corroborada al observarse la situación en la que se encuentran esos territorios, pese a todo, en términos económicos y sociales. Lo que demuestra que algo no se está haciendo bien. Sin embargo, el problema radica en establecer con nitidez qué es lo que no se está haciendo bien, y en determinar si se está perdiendo el tiempo con esos procesos estratégicos. Lo que sí está claro es que, a menudo, nos encontramos ante procesos inacabados por carecer desde sus planteamientos iniciales de la vara de medir con la que rendir cuentas, mas allá de gestos de comunicación que también son útiles, a condición, eso sí, de no sustituir o ocultar lo que verdaderamente cuenta, que no es otra cosa que la realidad en donde nos situamos.
La Diputación Foral de Guipúzcoa ha hecho un esfuerzo considerable por dar un sentido a su acción de gobierno racionalizando el conjunto de sus acciones a través de diversos y complejos procesos estratégicos, que se han traducido en resultados de desigual bondad. Sin embargo, lo más llamativo son las carencias evaluativas, si nos atenemos a los informes de actuación sectorial que han sido recogidos con datos de muy distinta índole: diversos indicadores del sector, reflexiones de los distintos actores tanto públicos como privados, estudios de la estructura económica local donde se enmarcan, los retos pendientes del tejido empresarial sobre el que se articula la actividad diagnosticada, etc. ¿Qué falta? Los indicadores de resultados con los que se evaluarán.
En tiempos de crisis no esta de más hacerse determinadas preguntas. Estos datos no han sido tenidos en cuenta, no porque los han olvidado, sino porque no están disponibles, no existen. ¿Quiere decir esto que los diagnósticos establecidos para el planeamiento estratégico en curso quedan invalidados? Para nada. Un plan estratégico de un territorio como el proceso Gipuzkoa +20, como ocurre con cualquier otra realización, tiene también sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y ello se debería tener en cuenta.
La indudable solvencia del equipo consultor técnico así como la metodología participativa empleada pueden estar dando resultados relativamente satisfactorios, pero nunca lo sabremos con precisión, lo cual plantea un problema serio en un proceso reflexivo al que Guipúzcoa ha destinado significativos medios humanos, materiales y financieros con resultados, como acabamos de ver, inciertos.
El Plan Estratégico Gipuzkoa +20 nació para responder a los nuevos retos económicos y sociales del siglo XXI y configurar un territorio que piensa de un modo estratégico. Ello implica la participación de todos los sectores mediante una metodología de trabajo en la que el consenso, el liderazgo compartido, los análisis críticos constructivos y la cooperación de los distintos actores implicados. Por todo ello, no se entendería que la administración foral, a través de los trabajos estratégicos en curso, no fuera crítica y estableciera las debilidades del resto de los actores del territorio en sus diagnósticos obviando considerar las suyas propias, obviando la evaluación real de sus acciones. Del reconocimiento de este handicap dependerá su legitimidad democrática para llevar a cabo planes estratégicos verdaderamente sostenibles, como es su auténtica intención. Pero una política que durante su elaboración y puesta en marcha no contempla cómo se van a medir los resultados con el fin de mejorarlos, no debería ponerse en aplicación hasta subsanar esta grave deficiencia. Otro ejemplo de los inconvenientes que causan la ausencia de evaluaciones. Un destacado responsable técnico de una organización empresarial, manejando un razonamiento más amplio, donde con una mano apelaba al libre juego del mercado y con la otra a una mayor intervención publica (pero esta contradicción es anecdótica para lo que queremos tratar hoy), afirmaba que la inversión pública había sido insuficiente los últimos años en Guipúzcoa, lo que, a su entender, estaba condicionando el desarrollo económico del territorio guipuzcoano. La tesis no es nueva ni los argumentos a los que se recurren para sustentarla tampoco; es decir, nada de lo que se adelanta está documentado, contrastado, cifrado, en suma, evaluado. Como en ocasiones anteriores las administraciones causantes de esa supuesta sequía inversora replicaron con un tono no menos impreciso, general y sin argumentos sólidos, negando la mayor. Este lenguaje de sordos tiende a repetirse, privando, de este modo, a la opinión pública, de los medios de obtener datos fiables y completos para hacerse su propia composición de lugar. En vez de ordenar las ideas para orientar a la opinión pública ¿qué es lo percibe la opinión pública en su lugar? Una carrera frenética a las inversiones cuantiosísimas por todas partes, que hipotecarán las arcas varias legislaturas, sin que su necesidad económica y social haya quedado suficientemente asentada.
Está muy bien que las instituciones públicas “asuman un papel de liderazgo en la identificación de los retos que se perfilan en el largo plazo y movilicen a la sociedad en la dirección adecuada” (Plan Estratégico Gipuzkoa 20) pero siempre y cuando se doten de mecanismos de evaluación de los resultados de sus acciones publicas para que, además de aparentar ser creíbles, también lo sean.
José Luis Gómez Llanos. Sociólogo. Presidente de EVALUAR (Sociedad Vasca de Evaluación de Políticas Públicas.)
1 comentarios:
Write comentariosJose Luis, corrige el nombre del tertuliano; es Mikel Aramendi. Saludos.
ReplyBienvenido sea tu comentario que seguro que interesara hasta a los que no la comparten. Gracias