La reforma de la Administración

Leer en Diario Vasco. Jueves, 15 de septiembre de 2011

Los cambios en profundidad pueden ser una oportunidad para frenar el peligroso alejamiento de la ciudadanía de la cosa pública, que ya se observa en ciertos comportamientos 'antiadministración'Los cambios en profundidad pueden ser una oportunidad para frenar el peligroso alejamiento de la ciudadanía de la cosa pública, que ya se observa en ciertos comportamientos 'antiadministración'.

Estos días, como era de esperar, observamos cómo ante la perspectiva de limitar los déficits públicos desde la Carta Magna, el foco de atención se ha centrado nuevamente en discernir si el tema que motiva la modificación de la Constitución es de suficiente entidad o no lo es; si se debe de hacer ahora o más tarde; si tiene que ir acompañado de un referencia a indicadores numéricos concretos, o con qué grado de explicitación normativo tiene que contemplarse el texto legal resultante, etc. Es decir, todo lo que afecta al texto constitucional 'rigidiza' las mentes, las electrocuta con los tópicos de siempre. Como de costumbre, nos fijamos más en el dedo que en la dirección a la que apunta.

Existen serias dudas sobre una reforma constitucional, bautizada regla de oro, que, además de tener que esperar nueve años para su entrada efectiva en vigor, no será eficaz si no va acompañada, como se ha hecho en los países que la han optado, de programaciones presupuestarias de dos y tres años; si no se coordina más y mejor al conjunto del entramado institucional competente en materia presupuestaria; si no se protegen las decisiones presupuestarias de las iniciativas que los pueden adulterar; si no se instauran sistemas de alerta rápidos y de evaluación en el Legislativo; y, sobre todo, si no se garantizan la veracidad y la calidad de la información sobre la que se apoyan las decisiones presupuestarias.

Basta con fijarse en los países que mejor han resistido la violencia de esta crisis para observar que todos tienen en común el haber emprendiendo serios procesos de modernización de sus administraciones, lo que ha tenido como consecuencia a medio plazo una profunda racionalización de sus finanzas públicas. Sobre esto último, cabe destacar que la evaluación de los procesos del trabajo presupuestario en el ámbito legislativo y su mejora han sido también unas de las claves del éxito de la modernización de la administración y racionalización de las finanzas públicas. El ejemplo de Francia es reseñable, ya que en 2008 llevó su apuesta hasta incluir en su Constitución la obligatoriedad de que el Parlamento realice evaluaciones de sus políticas públicas.

¿Cuánto nos cuesta la no-administración española? O dicho de otra manera: ¿cuánto nos sale el no disponer de una Administración cohesionada, sin duplicidades, ecónoma, de un sistema financiero equilibrado, unas finanzas públicas saneadas? Esas son las preguntas que nos debemos hacer. ¿Por qué no cogemos cada programa, cada acción de gobierno, cada política pública y la sometemos a una serie de preguntas sencillas como éstas de un modo ordenado?: ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las necesidades y expectativas colectivas? ¿Se tiene que seguir así? Luego vienen otras, bastante más comprometidas que las anteriores. ¿Quién debe hacerlo? ¿Quién debe pagarlo? Y, ¿cómo hacerlo mejor y más barato?

Se trata de comprobar, por si acaso, si cualquier medida concreta no puede ser realizada más eficazmente por otros actores públicos o privados y de otro modo. Así como de averiguar si se ha explorado suficientemente la posibilidad de hacerla cofinanciar por nuevos 'partenaires', y si existen evoluciones internas o externas que permitirían optimizar los medios empleados para esta política o programa respetando evidentemente sus objetivos y mejorando las condiciones de trabajo de los funcionarios. Una catarsis con el fin de gastar menos y mejor, perfeccionando de camino la eficacia y la eficiencia de la acción pública.

Por consiguiente, la verdadera regla de oro para España sería emprender sin más demoras una reforma en profundidad de la Administración que se vea acompañada de la implantación de un sistema de finanzas públicas eficaz y sostenible. En este marco racional y evaluativo habría que encajar los debates actuales sobre la fiscalidad de la que nos queremos dotar, el grado de bienestar social que queremos garantizar, el sistema de salud y de educación que debemos asegurar para las próximas generaciones. Esta regla de oro constitucional no enderezará por sí sola las cuentas públicas, aunque pueda convertirse en una amenaza temida por las instituciones malacostumbradas al déficit público.

Estas reformas en profundidad pueden ser una oportunidad para frenar el peligroso alejamiento de la ciudadanía de la cosa pública, fenómeno que ya se observa en ciertos comportamientos 'antiadministración' que nos advierten de la carga devastadoras que traerían en términos políticos y sociales. Y que nadie crea que podemos estar por más tiempo a salvo de ver desembarcar en nuestras instituciones líderes autoritarios que alterarían con sus propuestas la convivencia democrática, proponiendo soluciones radicales, tendencia esta que ya se ha estrenado con la proliferación de partidos xenófobos y totalitarios en numerosos países europeos, con predicación popular y credibilidad crecientes.

El Gobierno que salga de las urnas el 20-N tiene en la modernización de las Administraciones Públicas y en la reforma de las finanzas comunes sus principales retos. Sería saludable que se inculque por fin la pasión colectiva por la prosperidad del conjunto del país, integrado y territorialmente equilibrado y solidario. ¿Porque no plantearse la creación de un ministerio para la modernización de la Administración y reforma de las finanzas públicas? En nuestro entorno no faltan ejemplos de Estados que han recurrido eficientemente a estas herramientas sin dilaciones y con éxito. Pero lo decisivo será garantizar un planteamiento global y coherente de país en materia presupuestaria con el que se comprometa el conjunto de las Administraciones Públicas, sin excepciones.

José Luis Gómez Llanos

Sociólogo y presidente de EVALUAR