Políticos sin papeles
Durante un reciente debate sobre presupuestos en las Cortes Generales, a todos los efectos estéril, me vino a la memoria ese frenético periodo de la historia de Francia del cual es imposible distinguir la política de la pasión, y que los historiadores llaman Les Cents Jours (los Cien Días), en la primavera del año 1815, en que Bonaparte el usurpador, seudónimo con el que le bautizaron sus enemigos, tras burlar su confinamiento en la isla de Elba, alcanza París atravesando una Francia en bancarrota conmovida y exaltada que duda si alegrarse por su retorno al poder o temer la vuelta de la era de las calamidades.
La derrota en Waterloo, tres meses después, pondría las cosas en su sitio y a ese pequeño y testarudo general corso, en ruta hacia la isla de Santa Helena, donde fallecería como un vulgar proscrito tras fracasar en su intento de recuperar la confianza de sus compatriotas y hacerles olvidar los rigores de las turbulencias, motines, guerras, vividos desde 1789, año en el que los franceses soñaron en que tras guillotinar al rey capeto, creyeron ver el cielo abierto y que sus vidas irían cambiando a mejor.
Para ello Napoleón, encomendó a Benjamin Constant, cabeza visible de los liberales republicanos la redacción de la carta magna llamada La Benjamine, estrategia desesperada para legitimarse en el poder, sin darse cuenta que las elites, de nuevo ya le habían dado la espalda. Huelga decir que no se llegó a aplicar, pero ahí está el texto del cual extraigo un artículo, para esta irreverente reflexión sobre nuestra clase política.
Rezaba en su artículo nº 26: “Ningún discurso escrito, salvo los informes de las comisiones, y las ponencias de los ministros sobre las leyes que se presenten y las cuentas que sobre ellas se hagan, podrá ser leído en ninguna de las Cámaras”. Llama la atención que una disposición reglamentaria, que debiera figurar entre las que regulan el funcionamiento de las cámaras, haya alcanzado rango de norma constitucional. Decía Constant que había observado en la vida pública que normalmente los oradores en una asamblea obligados a hablar abundantemente, debían contestar al que les había precedido, debido a que los argumentos que se habían desgranado antes de tomar la palabra, habían hecho mella en su mente como es natural, y no los podía desterrar de su memoria, y aunque sus preferencias fueran dirigidas hacia otro tipo de argumentación, su predecesor le había llevado a amalgamar las ideas con las suyas, provocándole un auténtico dilema, sobre temas de suma importancia para el país.
Por el contrario cuando los oradores se limitan a leer lo redactado en los conciliábulos de sus despachos, ya no discuten, sino amplifican, ya no escuchan nada y a nadie, sino que aguardan que la tribuna se libere de su predecesor para ocuparla y leer su escrito ante un auditorio transformado en caja de resonancia. Los oradores se prodigan sin que sus ideas se encuentren con las de los siguientes, como dos ejércitos que desfilan en sentido opuesto, sin roce alguno, por temor a apartarse de la senda marcial trazada de antemano.
Las instituciones están repletas de políticos oportunistas aguardando su turno de palabra para unos minutos de gloria, a la espera de que algún acontecimiento los catapulte a la posteridad, asociando sus nombres con algún acontecimiento nacional de cierta relevancia.
Pues bien, más de dos centurias después en esas seguimos y los estragos a la vista de todos están. ¿Y por qué no pedir, hoy, como Constant hace dos siglos, la abolición de la lectura de escritos a la tribuna? Ello contribuiría a crear en nuestras instituciones representativas lo que a menudo observamos que les falta: modestia y racionalidad. De ese modo quizá, surgirían representantes silenciosos y atentos a lo que tienen que trasladarles los políticos de talento, se condenaría al silencio a los farsantes si no son capaces de replicar con un talento equivalente a sus contradictores. Qué menos que pedir a nuestros políticos que dialoguen, que se escuchen, que pacten y hagan cosas en común, que prime lo que les une a lo que les separa, que no utilicen el poder para pavonearse, en suma que sean útiles a la sociedad. Los desastres producidos por estos políticos carentes de personalidad e ideas propias, así como del dominio retórico para defenderlas, se ven encubiertos por los efectos propagandísticos que producen, asentándose la idea de que cualquiera nos puede representar. Echamos de menos representantes del sufragio universal que renuncien a producir efectos de sala, al no poder valerse de ningún escrito de origen dudoso, ya que quedaría establecido con rango de ley constitucional que la tiranía de la elocuencia leída a menudo esconde incompetencia, arrogancia y vanidad. Tendencias que el monopolio del debate público ejercido por los partidos políticos ha ido imponiendo a la vez que desaparecía la democracia interna en dichos aparatos. Qué duda cabe que sería más eficiente hablar en público sin papeles que subir a la tribuna para perderlos. ¿Tanto costaría exigir a los políticos que se quieran lucir, demostrar que poseen talento también? El impacto de la elocuencia sobre la ciudadanía no debería ser otra cosa que enarbolar el genio de la palabra y del talento. Algo muy distinto que adormecerla con aparatos oratorios trufados de palabras huecas, aflictivas y descorazonadoras.
La Revolución Francesa encumbró súbitos cambios de regímenes, radicalismos sectarios, hambrunas, terror, fiebres reformistas, la paulatina implantación del estado moderno con sobresaltos repletos de inconmensurables crueldades, cuyo análisis siempre nos retrotrae a los mimbres con los que se fue tejiendo nuestra actual modernidad política. Con sus aciertos y flagrantes limitaciones, que no dejan de sorprendernos.
José Luís Gómez Llanos. Abogado y sociólogo.
La derrota en Waterloo, tres meses después, pondría las cosas en su sitio y a ese pequeño y testarudo general corso, en ruta hacia la isla de Santa Helena, donde fallecería como un vulgar proscrito tras fracasar en su intento de recuperar la confianza de sus compatriotas y hacerles olvidar los rigores de las turbulencias, motines, guerras, vividos desde 1789, año en el que los franceses soñaron en que tras guillotinar al rey capeto, creyeron ver el cielo abierto y que sus vidas irían cambiando a mejor.
Para ello Napoleón, encomendó a Benjamin Constant, cabeza visible de los liberales republicanos la redacción de la carta magna llamada La Benjamine, estrategia desesperada para legitimarse en el poder, sin darse cuenta que las elites, de nuevo ya le habían dado la espalda. Huelga decir que no se llegó a aplicar, pero ahí está el texto del cual extraigo un artículo, para esta irreverente reflexión sobre nuestra clase política.
Rezaba en su artículo nº 26: “Ningún discurso escrito, salvo los informes de las comisiones, y las ponencias de los ministros sobre las leyes que se presenten y las cuentas que sobre ellas se hagan, podrá ser leído en ninguna de las Cámaras”. Llama la atención que una disposición reglamentaria, que debiera figurar entre las que regulan el funcionamiento de las cámaras, haya alcanzado rango de norma constitucional. Decía Constant que había observado en la vida pública que normalmente los oradores en una asamblea obligados a hablar abundantemente, debían contestar al que les había precedido, debido a que los argumentos que se habían desgranado antes de tomar la palabra, habían hecho mella en su mente como es natural, y no los podía desterrar de su memoria, y aunque sus preferencias fueran dirigidas hacia otro tipo de argumentación, su predecesor le había llevado a amalgamar las ideas con las suyas, provocándole un auténtico dilema, sobre temas de suma importancia para el país.
Por el contrario cuando los oradores se limitan a leer lo redactado en los conciliábulos de sus despachos, ya no discuten, sino amplifican, ya no escuchan nada y a nadie, sino que aguardan que la tribuna se libere de su predecesor para ocuparla y leer su escrito ante un auditorio transformado en caja de resonancia. Los oradores se prodigan sin que sus ideas se encuentren con las de los siguientes, como dos ejércitos que desfilan en sentido opuesto, sin roce alguno, por temor a apartarse de la senda marcial trazada de antemano.
Las instituciones están repletas de políticos oportunistas aguardando su turno de palabra para unos minutos de gloria, a la espera de que algún acontecimiento los catapulte a la posteridad, asociando sus nombres con algún acontecimiento nacional de cierta relevancia.
Pues bien, más de dos centurias después en esas seguimos y los estragos a la vista de todos están. ¿Y por qué no pedir, hoy, como Constant hace dos siglos, la abolición de la lectura de escritos a la tribuna? Ello contribuiría a crear en nuestras instituciones representativas lo que a menudo observamos que les falta: modestia y racionalidad. De ese modo quizá, surgirían representantes silenciosos y atentos a lo que tienen que trasladarles los políticos de talento, se condenaría al silencio a los farsantes si no son capaces de replicar con un talento equivalente a sus contradictores. Qué menos que pedir a nuestros políticos que dialoguen, que se escuchen, que pacten y hagan cosas en común, que prime lo que les une a lo que les separa, que no utilicen el poder para pavonearse, en suma que sean útiles a la sociedad. Los desastres producidos por estos políticos carentes de personalidad e ideas propias, así como del dominio retórico para defenderlas, se ven encubiertos por los efectos propagandísticos que producen, asentándose la idea de que cualquiera nos puede representar. Echamos de menos representantes del sufragio universal que renuncien a producir efectos de sala, al no poder valerse de ningún escrito de origen dudoso, ya que quedaría establecido con rango de ley constitucional que la tiranía de la elocuencia leída a menudo esconde incompetencia, arrogancia y vanidad. Tendencias que el monopolio del debate público ejercido por los partidos políticos ha ido imponiendo a la vez que desaparecía la democracia interna en dichos aparatos. Qué duda cabe que sería más eficiente hablar en público sin papeles que subir a la tribuna para perderlos. ¿Tanto costaría exigir a los políticos que se quieran lucir, demostrar que poseen talento también? El impacto de la elocuencia sobre la ciudadanía no debería ser otra cosa que enarbolar el genio de la palabra y del talento. Algo muy distinto que adormecerla con aparatos oratorios trufados de palabras huecas, aflictivas y descorazonadoras.
La Revolución Francesa encumbró súbitos cambios de regímenes, radicalismos sectarios, hambrunas, terror, fiebres reformistas, la paulatina implantación del estado moderno con sobresaltos repletos de inconmensurables crueldades, cuyo análisis siempre nos retrotrae a los mimbres con los que se fue tejiendo nuestra actual modernidad política. Con sus aciertos y flagrantes limitaciones, que no dejan de sorprendernos.
José Luís Gómez Llanos. Abogado y sociólogo.
Bienvenido sea tu comentario que seguro que interesara hasta a los que no la comparten. Gracias