Un informe necesario y bajo sospecha

Acaba de crearse en el Parlamento Vasco, llámese como se llame, una ponencia para el análisis del actual modelo institucional vasco como primer paso de una profunda reforma de una administración hipertrofiada y costosa, en un momento en el que además reina una máxima incertidumbre sobre el futuro del Estado del bienestar. Se persigue establecer un diagnóstico de situación que, para ser más exacto, convendría llamarlo coste de la 'No-Euskadi'. El informe de expertos que ha destapado el entuerto ha conseguido cuantificar, por fin, el dinero que se malgasta por la duplicidad de servicios en el entramado institucional de Euskadi, cifrando los despilfarros en 403.081.410 euros. Desconcertante es la cifra, como el misterioso método empleado para llegar a calcularla.

¿Hay que ver en la aparición de este informe la expresión de una moda, de una tendencia, el síntoma de un malestar en la gestión de la acción pública o la señal alentadora de la capacidad de los gobiernos para adaptarse a los retos de un mundo cambiante? ¿Deberíamos estar contentos, satisfechos o preocupados con la proliferación de este y de otro tipo de informes, algunos reforzados por ponencias parlamentarias que vienen a socorrer sus limitaciones de origen, cuya rentabilidad no la vemos siempre con claridad y nos alarma más que lo que nos orienta? Su mérito principal, quizás más que por su calidad, se deba a que pone ante la opinión pública problemas importantes sobre los que reflexionar. Dicho esto, tan importante como hablar de las duplicidades en las instituciones vascas y sus remedios me parece oportuno tratar del modo de producción de los conocimientos a los que recurren los poderes públicos para tratar estas y del resto de las cuestiones que afectan a la sociedad.

El asesoramiento y los expertos que lo suministran juegan un papel cada vez más decisivo -pero cada vez más cuestionado también- en el funcionamiento de las sociedades modernas. Las instancias políticas, parlamentos incluidos, frecuentemente recurren a expertos supuestamente independientes para recabar de ellos el estado de los conocimientos y formular recomendaciones sobre una cuestión particular, intentando hacernos olvidar el contexto en el que su elaboración ha sido encargada y realizada, para ocultar la finalidad que se persigue pese a que todo el mundo entiende que el uso de esos 'doctos conocimientos' se transforman pronto en una herramienta en la estrategia de los actores públicos, en sus confrontaciones y disputas políticas. En estas circunstancias, no sería exagerado preguntarse si estas prácticas no están conduciéndonos gradualmente a privar al ciudadano de su derecho a tomar las decisiones (a través de sus representantes) en unas condiciones democráticamente aceptables.

Por lo tanto, no vendría mal ser más riguroso con los procedimientos (declaración de conflictos de interés, etc.), para preservar esa independencia. La transparencia del trabajo del experto debe de garantizarse, todo el protocolo de su contratación debe de ser cristalino desde el encargo sin lo cual su misión quedaría emborronada. No hay dictamen de expertos que se legitime si no va precedido del mayor grado de trasparencia posible (metodología detallada, duración, perfil de los expertos, pluralidad del equipo, coste). Puesto que sabemos que las recomendaciones y conclusiones siempre son las prisioneras de las metodologías y del respeto a una determinada conducta deontológica que nos hemos marcado, debemos dar a conocer estos datos de partida, con idéntico celo al que movilizamos después para dar a conocer los resultados. La ventaja de todo ello es además conforme al rigor intelectual y académico, que se debe de exigir por consiguiente. Es importante preguntarse cuál deben de ser las relaciones entre el experto y el político. ¿Qué distancia debe regir entre ellos de tal modo que no se profane el margen de maniobra y el control sobre la decisión que se debe preservar al político? Lo que hay en juego detrás de estas preguntas es que el político pueda incorporar consideraciones de otra índole distintas a las producidas por el experto que tienen como fundamento la oportunidad, los compromisos adquiridos, la necesidad de consensos sociales etc.

La posición de los expertos se puede definir de un modo funcional o estratégico. Sigue siendo válido lo que al respecto nos enseñó Max Weber, cuando decía que el experto se encuentra en un 'frente a frente' entre el científico (hoy le llamaríamos el investigador) y el político. En el primer caso, nos explicaba que como profesional competente e independiente tiene la capacidad de movilizar a los resultados de la investigación para orientar el debate social y la política. En el segundo caso, hoy observamos cómo el experto se ve atrapado en una red de relaciones entre los actores cuyos objetivos son parcial o totalmente contradictorias. Consciente de la ambigüedad de los factores que hacen que se acuda a sus servicios y no perdiendo de vista que puede ser constantemente manipulado, su obligación es luchar contra la ilusión o la tentación tecnocrática y mediar con sus aportaciones que siempre se ven enmarcadas entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Por lo tanto más que evaluar la influencia de un informe de expertos en la toma de una decisión política, siempre es más útil y productivo describir su recorrido y su aportación en términos de plusvalías ciudadanas.

No puedo acabar estas reflexiones sin interrogarme sobre la razón por la cual el Ejecutivo Vasco no recurre más a la UPV-EHU puesto que esta atesora numerosos trabajos realizados respecto a la gestión pública y es depositaria de las más innovadoras cajas de herramientas almacenadas en sus despensas a la espera de ser experimentadas, en lugar de encargar esos 'entregables' que tanto gusta exhibir a la opinión pública después y que no siempre contienen las suficientes dosis de perspectiva y de sentido que cabe esperar de ellos.